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        Las últimas encuestas publicadas han puesto de manifiesto lo que era un secreto a voces: la enorme desconfianza en la clase política. La inmensa mayoría de los ciudadanos –injustamente, por cierto- contempla a los políticos como una oligarquía, como una clase ajena y separada del común de los mortales, que piensa sólo en su propio beneficio. Profesionales que viven de la política y que se agarran a su sillón para no perder su privilegiado y bien remunerado puesto de trabajo.

 Pero digo que es injusto porque esta visión de los políticos y de la política no se puede hacer extensible a todos, ni siquiera a casi todos. Como en todos sitios, la mayoría son personas honradas, pero el problema es que la minoría deshonesta hace demasiado ruido, especialmente en una época en la que todos estamos sufriendo grandes recortes sociales.

         Huelga decir que necesitamos a los políticos porque su ausencia implicaría un tipo de régimen no democrático en el que es mejor no pensar. Sin políticos no puede haber democracia, por eso nos jugamos mucho cuando hablamos de la necesidad de regenerar la vida política.

Necesitamos el surgimiento de partidos alternativos que obliguen a los tradicionales a reinventarse si quieren subsistir. Urge establecer listas abiertas que vadeen la dictadura de los partidos, es decir, la partidocracia. Es importante, asimismo, reformar la ley electoral para que cada voto valga igual en todos los rincones de España y cualquiera que sea el partido que lo reciba. Hay que acabar con los privilegios de los políticos, con las consolidaciones de sueldos, con los salarios vitalicios, etc. Debemos inhabilitar de la administración pública a todos los corruptos, obligándoles a devolver lo robado. Como se puede observar, en la crítica situación actual se pueden y se deben tomar medidas. Solo así podremos preservar la democracia de los sistemas totalitarios que acechan a la vuelta de la esquina, y que pueden llegar a ser viables si la situación no da un giro radical.

Esta forma de hacer política, donde los corruptos campan a sus anchas, no tiene ninguna tradición en la administración española. Desde la Baja Edad Media existían varios mecanismos, muy rigurosos por el que la Monarquía controlaba a todos los cargos de su administración. El buen desempeño del oficio se podía verificar, en dos etapas, a saber: durante el mandato y al término del mismo. Durante su ejercicio, a través de pesquisidores, visitadores o veedores. Estos tenían facultades para hacer pesquisas e investigar cómo usaban sus oficios los cargos públicos. La Corona solía recurrir a estos jueces sólo cuando recibía noticias o denuncias sobre un ejercicio arbitrario, incorrecto o fraudulento del mismo. Ahora bien, independientemente de la fama que hubiesen tenido los funcionarios, al final de su mandato siempre se producía el llamado juicio de residencia. Todos los cargos estaban obligados a rendir cuentas por su actuación, responsabilizándose de sus actos. Su estructura básica se legisló en las célebres Partidas de Alfonso X El Sabio, perfilándose a comienzos de la Edad Moderna. Fueron cientos, quizás miles, los funcionarios que fueron condenados por usar abusivamente de su rango. Ello servía para disuadir a futuros corruptos, a sabiendas de que al final debían rendir cuentas. Y la medida funcionó más o menos satisfactoriamente a lo largo de varios siglos, dotando de mayor eficiencia a la administración de la época medieval y moderna.

Por tanto, no siempre se trata de innovar, a veces basta tan sólo con echar la vista atrás para ayudarnos a encontrar soluciones a los complejos problemas de nuestro tiempo. La Historia como maestra de vida, pues incluso de los acontecimientos más luctuosos del pasado se pueden extraer reflexiones que nos permitan afrontar con más garantía de éxito nuestro presente y nuestro futuro.

 

ESTEBAN MIRA CABALLOS

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