Desde tiempos de Carlos V, el Imperio de los Habsburgo alcanzó unas dimensiones realmente indefendibles, con tres frentes bien diferenciados: el europeo, el americano y el africano. No había en esos momentos medios humanos, técnicos ni económicos para garantizar la defensa de decenas de miles de km2 repartidos entre los cuatro continentes conocidos. Sus compromisos militares para defender su integridad territorial provocaron un incremento de la actividad militar que tuvo un altísimo coste humano y financiero. Una lucha en la defensa de su imperio, tanto en las Indias como en Europa, especialmente en los Países Bajos y en los frentes italiano, francés y alemán.
La defensa terrestre de la Península Ibérica tendría como puntal básico la fortificación del litoral. Se trataba de una extensa franja de una anchura de veinte leguas donde habría toda una red de plazas estratégicas, bien abaluartadas y con personal suficiente para garantizar su defensa, todo ello con el apoyo de las tropas de las Guardas de Castilla. Ya Jerónimo Castillo de Bobadilla, en el siglo XVI, destacó a necesidad de fortificar bien las principales plazas españolas tanto para contrarrestar las guerras civiles interiores como para frenar el odio que las demás naciones tienen a su gran imperio. El sistema se completaría con una red de atalayas y torres a lo largo de la costa que cumplían una labor estrictamente de vigilancia, controladas por las Guardas de la Mar. Este cuerpo estaba integrado tanto por los guardas de las atalayas como por jinetes atajadores que recorrían diariamente el trecho comprendido entre un puesto de vigilancia y otro.
El amplísimo programa de fortalezas llevado a cabo durante el reinado de Felipe II, no tenía precedentes en la historia, levantando baluartes defensivos en todos los confines del Imperio. Un caso extremo y por ello representativo es la construcción, a partir de 1585, de la fortaleza de San Felipe, en la isla de Santiago, en el archipiélago de Cabo Verde, con el objetivo de proteger la ruta del comercio de esclavos.
Ahora bien, las fortalezas del interior peninsular y aquellas costeras que no fuesen estrictamente imprescindibles quedarían abandonadas a su suerte. De ahí que muchos castillos, fortalezas, murallas y atalayas de la España interior, que habían perdido su utilidad estratégica, entrasen en ruinas en la misma época moderna. Y es que no había ninguna potencia en aquella época que pudiese mantener una red defensiva tan extensa. Había que optar por mantener las estrictamente operativas, fundamentalmente las ubicadas en la costa, cuyas infraestructuras mejoraron desde la segunda mitad del siglo XVI, y algunas plazas claves en el interior. En las fortalezas estratégicas se pondrían todos los esfuerzos, siendo descomunal la inversión en infraestructuras defensivas durante el reinado de Felipe II. Para el abaluartar las principales fortalezas costeras se contrataron los servicios de ingenieros extranjeros de la talla de Francesco di Marchi, Felipe Terzi, João Nunes, Juan Bautista Calvi, Cristóbal de Rojas y sobre todo los hermanos Juan Bautista y Bautista Antonelli. Ellos fueron los responsables de visitar los principales baluartes y planificar la mejora de sus defensas. Pese a los esfuerzos, las dificultades para su mantenimiento y para el abono de los salarios fue un problema recurrente a lo largo de toda la Edad Moderna.
La estrategia de los Habsburgo en el Mediterráneo fue fundamentalmente defensiva, incluyendo en ellas la toma de Túnez (1538) o la batalla naval del golfo de Lepanto. Es cierto, por un lado, que se perdieron plazas como Vélez de la Gomera (1522), Argel (1529) o Bujía (1555) y, por el otro, que los corsarios se atrevían a asaltar con éxito lo mismo Gibraltar (1529 y 1543), que Cádiz (1596). La defensa de esta última ciudad requería solo en mantenimiento de sus estructuras defensivas y de personal una inversión de más de 100.000 ducados anuales y aun así, nunca estuvo garantizada su seguridad frente a los enemigos. Tal era el coste que tenía su defensa que a finales del siglo XVI, se llegó a plantear incluso su abandono, pasando su población al Puerto de Santa María. Obviamente, la propuesta no prosperó, pero nos da una idea exacta de las dificultades defensivas de un Imperio que sufría el acosó incluso en sus propias fronteras peninsulares. No obstante, todos estos contratiempos no dejaban de ser pequeñas derrotas dentro de una gran batalla global que tuvieron controlada los Habsburgo durante un siglo y medio. Que pudieran atacar Cádiz, Mahón, o el castillo de Salobreña no era más que una anécdota, teniendo en cuenta que los turcos ocuparon Hungría y estuvieron a punto dos veces de tomar Viena, lo que les hubiese abierto las puertas de Italia. Insisto, en general, la estrategia defensiva del Mediterráneo funcionó y prueba de ello es que España conservó intactos casi todos sus territorios en los siglos XVI y XVII.
En cuanto a las Guardas de Castilla, originalmente llamadas Guardas Viejas, constituyeron un cuerpo de a pie y de a caballo, creado por los Reyes Católicos el 2 de mayo de 1493, y que era algo así como un pequeño ejército profesional permanente. Aunque en sus orígenes su misión era exclusivamente la defensa del territorio peninsular, ya en tiempos del Emperador Carlos V extendieron su campo de acción ocasionalmente a todos territorios del imperio, como Perpiñán, el norte de África e incluso Italia. En general, fueron el complemento idóneo de los soldados ubicados en las fortalezas, siendo las primeras fuerzas de choque ante cualquier ataque enemigo. Y todo ello a pesar de que, como se reconocía en las propias ordenanzas de 1573, su número era insuficiente, estaban mal retribuidos y peor equipados.
La defensa terrestre de la Península se completaba con un número difícil de precisar de hombres de reserva, para casos de extrema urgencia, procedentes de las levas de milicianos que los municipios de realengo, los propietarios de señoríos jurisdiccionales y las órdenes militares estaban obligados a aportar, cada vez que el soberano lo solicitara. También los caballeros y aristócratas, estaban obligados a acudir armados cuando fuesen requeridos. Incluso, había prelados, como el obispo de Toledo, con señorío territorial, que también contribuía con un número de hombres armados. Había una milicia general de interior para acudir en ayuda de las zonas costeras en situaciones de emergencia, y una milicia local o compañías de socorro, formadas por vecinos de la costa para la defensa de su propio territorio. Dado que su recluta y organización dependía de los propios concejos, ésta recibía distintos nombres: batallones de milicias de voluntarios de Granada, compañías de socorro de la ciudad de Almería o la milicia local de Málaga, en unos casos formadas por voluntarios y en otras por reclutas forzosos. En un interesante documento, fechado en 1632 y extractado por José Contreras, se cifraba el número de hombres de armas que podían acudir a la milicia en la franja de veinte leguas de los territorios de la Corona de Castilla –desde el País Vasco a Murcia- en 197.443 hombres. No estaba mal, pero una cosa era la teoría y otra la práctica. A la hora de la verdad, muchos trataban de escabullirse, no acudiendo a los llamamientos, mientras que otros carecían de cualquier formación militar y, en ocasiones, no disponían ni tan siquiera de un arcabuz. Así ocurrió en un alarde realizado en Almería en enero de 1621, pues la mayoría de los vecinos acudieron desarmados y solo unos pocos llevaron un arcabuz de mecha. El cabildo adquirió de inmediato medio millar de armas de fuego para repartirlos entre los reclutas. Lo cierto es que estas milicias estaban siempre a expensas de la improvisación y su nivel de preparación por lo general era muy deficiente.
Había municipios donde el alistamiento era obligatorio por parte de todos los vecinos con capacidad para empuñar un arma, y otros, en los que éste era voluntario. Bien es cierto que en el siglo XVI muchos de los enrolados eran hidalgos bien armados que veían en el servicio militar una forma de obtener mercedes. Sin embargo, desde finales de dicha centuria, se perdió el ardor guerrero de la reconquista, la sociedad se desarmó y la milicia se desprofesionalizó. Y no era para menos; en unos reclutamientos realizados en varias ciudades de Castilla entre 1592 y 1599 cada soldado cobraba 34 maravedís diarios, menos de la mitad que un jornalero que recibía unos 83. Los quintos eran ya de baja extracción social, mal formados, mal equipados y levados de manera forzosa.
El descenso del número de reclutas en Castilla unido a la delicada situación económica de la Corona, los dos males endémicos de la época de los Austrias, tuvieron dos consecuencias indeseables para la defensa: en primer lugar, se generalizó la venalidad, es decir, la venta de todo tipo de cargos militares. Así, hasta mediados del siglo XVI, la selección de los altos militares se hacía en función al mérito y tras haber ascendido en el escalafón, desde esta época los altos cargos se entregaban, bien a cambio de una cantidad de dinero, o bien, bajo el compromiso de entregar, armar y mantener un contingente de soldados. Por poner un ejemplo, ya el 29 de abril de 1558 se vendió la alcaidía de Carmona a don Fadrique Enríquez de Ribera por 30.000 ducados, cargo que ostentaron posteriormente sus herederos y que, por supuesto, sirvieron a través de tenientes. Evidentemente, la ruptura desde mediados del siglo XVI del sistemática meritocrático para lograr un ascenso provocó una disminución drástica de la efectividad de las tropas hispanas. Y en segundo lugar, se decidió paliar las necesidades de numerario, exigiendo más contribución económica y humana a los territorios periféricos.
En general, en la defensa peninsular hubo improvisación, deficiente formación de las reclutas, escaso número, retraso tecnológico en el armamento y deficiencias en las fortalezas y en el número de hombres destinados en ellas. Pero, no es menos cierto, por un lado, que consiguieron mantener íntegro el territorio peninsular y, por el otro, que el esfuerzo continuado a lo largo de siglos fue verdaderamente ingente, titánico, colosal.
Una buena parte del grueso de los recursos se dedicaban a pagar los Tercios de Infantería, cuerpos de una amplia capacidad de acción que combatían fuera de la Península Ibérica. Las Ordenanzas de Génova de 1536 regularon formalmente esta arma de infantería en cuatro unidades, a saber: Nápoles, Sicilia, Normandía y Málaga o Niza, prefiriendo entre sus integrantes a los españoles, que no en vano se reservaban en exclusiva los altos mandos. En total sumaban unos 20.000 efectivos de infantería más algunos artilleros y un millar de caballeros. Estos Tercios eran algo así como cuerpos de élite que asombraron a Europa por su eficacia y por constituir las primeras unidades militares europeas profesionales y permanentes. En cambio, las Guardas Viejas no pasaron nunca de ser un cuerpo militar mediocre, a pesar de que nunca fueron puestas a prueba seriamente. Con razón se suele decir que mientras la Península Ibérica era defendida con tropas poco cualificadas y mal armadas, la élite militar hispana –los Tercios- se dedicaban a las guerras que la monarquía mantenía en Europa. En cualquier caso, incluso estos cuerpos de élite que lucharon en Europa, fueron perdiendo la supremacía, por no aprovechar las innovaciones tecnológicas que usaban sus adversarios y por la escasez de recursos económicos que reducían el número de hombres disponibles.
En lo referente a los territorios coloniales, el objetivo siempre fue que la defensa se costease de las rentas que cada uno de ellos producía. También Portugal, durante los años que estuvo anexionada a España, debía financiar su propia salvaguardia costera, así como sus presidios y armadas. Había territorios, como la isla de Cerdeña, que no ofrecían ingresos a la Corona porque todas sus rentas se gastaban en su propia defensa. Sin duda, un gran esfuerzo económico pero parecía coherente que la defensa de las colonias o del imperio portugués se financiase de sus propias rentas.
Ahora bien, según el derecho medieval castellano sólo el monarca podía construir fortalezas y nombrar alcaides. Sin embargo, en el caso de las colonias americanas esta facultad fue delegada con frecuencia en capitanes generales y adelantados. En cuanto a la estrategia, hubo claramente una política de sostenibilidad del sistema: primero, solo se fortificarían los grandes enclaves coloniales, aquellos que eran estrictamente necesarios para garantizar el control de las remesas de oro y plata americana, cuya principal interesada era la misma institución. Y segundo, todas las colonias debían autofinanciarse, a través de impuestos propios. La mayor parte de estas fortificaciones y su sostenimiento se financiaron del situado, es decir, de unas partidas de dinero de la hacienda real indiana que se destinaban a sufragar gastos de la administración colonial. Dicho numerario se uso con frecuencia para financiar la defensa, desde las construcciones militares a los salarios de los militares de las principales guarniciones. Aunque a fin de cuentas era dinero de menos que recibía la Corona tenía la ventaja de que evitaba la salida de capital de la Península, favoreciendo la autofinanciación de las colonias. Mediante el situado se financiaron las principales construcciones defensivas indianas, como las de Portobelo, Veracruz, o La Habana. Gracias al propio metal precioso americano, se construyó a lo largo del siglo XVI una amplia red de plazas bien fortificadas. No obstante, el situado fue la principal fuente de financiación de la defensa pero no la única, pues también se destinó la sisa, un gravamen variable y eventual similar a un arancel que los cabildos locales solían imponer a la entrada en la ciudad de algún producto.
Hubo reclutas realizadas en Castilla para el envío a los presidios y fortalezas indianas, pero tan mal pagadas que muchos las aceptaban con el objetivo de desertar y obtener pasaje gratuito a las Indias. Por lo general, siempre adolecieron de guarniciones adecuadas para garantizar la defensa. Y ello ¿Por qué motivo? ¿Se desconocía la necesidad de soldados? ¿Se infravaloraba la ofensiva corsaria? Pues no, nada de eso, la necesidad de proteger tanto la Península como los territorios coloniales fue una de las mayores preocupaciones de la administración de los Habsburgo. El problema era simple y llanamente económico; el sostenimiento de amplias guarniciones militares en cada plaza era absolutamente inviable desde el punto de vista económico no sólo para el Imperio español sino para cualquier otra potencia de su tiempo. Por poner un ejemplo significativo, solamente el mantenimiento de un capitán y 50 soldados en la fortaleza de San Juan de Puerto Rico costaba más de dos millones y medio de maravedís. Asimismo, en 1590, se estimó que sólo en salarios se gastaría en el mantenimiento de una guarnición de poco menos de 300 hombres en la fortaleza de La Habana más de 13 millones de maravedís anuales, mientras que los 244 soldados destinados en las fortalezas de Cartagena costaban al fisco más de 8,5 millones. Y por poner un último ejemplo, los 409 soldados que había en la isla de Cuba en 1612 costaban a la hacienda pública más de 160 millones de maravedís, abonados del situado de Nueva España. Su alto coste provocó que muchas fortalezas indianas en la primera mitad del siglo XVI mantuviesen guarniciones inferiores al medio centenar de hombres. Con tan pobres destacamentos era imposible asegurar ninguna plaza, pues un solo galeón enemigo podía disponer de medio centenar de cañones y 600 hombres. Pero tan sólo el mantenimiento de este pequeño contingente de soldados en todas las ciudades y villas del Imperio habría supuesto un desembolso económico inasumible para la Corona.
Por todo ello, en el siglo XVI se pensó que la única forma viable de garantizar la defensa costera era movilizando a la población cada vez que las circunstancias así lo requerían. No es de extrañar que la mayor parte de la tropa estuviese formada por encomenderos y hacendados. Los primeros estaban obligados por ley a prestar contraprestaciones militares, es decir, debían poseer armas, y en los casos de encomenderos con más de medio millar de indios, caballo, y acudir tanto a los alardes como, en caso de ataque, a la defensa del reino. La no comparecencia podía acarrear, al menos en teoría, la pérdida de su encomienda. Por ejemplo, cuando a principios de 1523 se construyó la fortaleza de Cumaná, se destinaron 900 pesos al año como salario del alcaide, Jácome de Castellón y de una guarnición de ¡nueve hombres! Se entendía que se trataba de un retén de vigilancia y que, llegado el caso, debían ser las milicias locales quienes debían defender su propio territorio. Así, lo dispuso Hernán Cortés en sus ordenanzas militares de 1524, aunque sobre todo pensando en un posible alzamiento indígena. En el caso de Puerto Rico, la Corona compelía a los vecinos a que fuesen permanentemente armados y a caballo. En el importante enclave de Cartagena de Indias hasta después del asalto de Drake de 1586 no hubo ninguna guarnición militar. Ya en 1541, ante los rumores de un asalto corsario, el gobernador Pedro de Heredia se presentó en Cartagena y convocó un alarde en la plaza principal para que todos los españoles varones se presentasen con sus armas, los de a caballo a caballo y los de a pie, a pie. Ante la sorpresa del propio gobernador, muchos encomenderos ni siquiera acudieron al alarde, pese a que estaban obligados por ley. Por ello, el corsario francés Roberto Baal no tuvo problemas para asolar y saquear la ciudad con una pequeña escuadra compuesta por cuatro naves y 450 hombres. Pero, en las décadas posteriores la situación no cambio; Cartagena en esta época ni dispuso de fortalezas ni tampoco de guarnición militar. La defensa se confió exclusivamente a los vecinos quienes defendían la tierra, sirviéndoles además la posesión de arma y caballo como un elemento diferenciador de un alto status social. En la tardía fecha de 1650 la defensa de Jamaica se limitaba a medio millar de milicianos, encuadrados en seis escuadrones de infantería y uno de caballería, lo que facilitó su ocupación por los ingleses cinco años después. Con frecuencia estos hacendados, estancieros y dueños de ingenios acudían acompañados de su servidumbre, tanto indios como negros. Ya en la primera batalla naval de la Historia de América, librada en las costas de Nueva Cádiz de Cubagua, en 1528, varias decenas de canoas, una carabela y un bergantín se enfrentaron al galeón de Diego Ingenios que disponía de 45 cañones. Tras una dura resistencia en la que los flecheros indios causaron auténticos estragos, el corsario decidió retirarse en busca de objetivos más asequibles. La primera batalla naval indiana se decantó a favor del Imperio gracias a las tropas auxiliares indígenas.
Para concluir, permítame el lector insistir en mi hipótesis: pese a las dificultades extremas por las que atravesó el Imperio, el sistema defensivo funcionó razonablemente bien. Y digo más, precisamente, y al contrario de lo que se suele decir, ese fue a mi juicio el mayor mérito de la España Imperial. Otra cosa bien distinta es que precisamente esos excesivos gastos militares a los que tuvo que hacer frente la monarquía, y que en parte pudo haber evitado, terminaron empobreciendo a los reinos peninsulares. Como escribió Antonio Miguel Bernal, las remesas de metales preciosos que pudieron emplearse en inversiones productivas, terminaron pagando los ejércitos de mercenarios que debía mantener en diversas partes del Imperio.
PARA SABER MÁS
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-----“La relación coste/eficacia en la defensa de la España Imperial”, Revista de Historia MilitarNº 118. Madrid, 2015, pp. 111-146.
O`DONNEL Y DUQUE DE ESTRADA, Hugo: “Los hombres de armas de las Guardas de Castilla, elemento básico en la estructura militar de la España de Felipe II”, en La organización militar en los siglos XV y XVI. Málaga, 1993, pp. 43-47.
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ESTEBAN MIRA CABALLOS
