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Pocos conquistadores, encomenderos y funcionarios fueron enjuiciados y condenados por maltratar o asesinar a los nativos. Y es que como escribió el padre Las Casas, “matar ni robar indios nunca se tuvo en estas Indias por crimen.

Y en los pocos casos que hemos conseguido documentar, pese a tener delitos de sangre, el castigo consistió en la pérdida de sus encomiendas, en una multa económica más o menos cuantiosa y, en el peor de los casos, en el destierro.

        En Nicaragua, el extremeño Rodrigo Núñez, que tenía una pequeña encomienda en el pueblo de Guaçama, se dedicó a forzar a su cacique, Oçelo, para que entregase esclavos. Como no los tenía se vio obligado a entregar personas libres que fueron herrados y vendidos por Núñez. Finalmente, el cacique se atrevió a denunciar el caso ante las autoridades, poniendo en grave riesgo su vida. Dado que no había delitos de sangre, el protector no sólo lo instruyó sino que también dictó sentencia, concretamente el 24 de mayo de 1529. El extremeño fue condenado a la pérdida de su encomienda y a las costas del juicio. Además, para optar en el futuro a otra encomienda necesitaría un permiso especial del Emperador. Una sentencia extremadamente suave, teniendo en cuenta que algunos de los que injustamente esclavizó ni siquiera se pudieron liberar por haber partido junto a sus dueños fuera de la gobernación. No obstante, el extremeño recurrió, esgrimiendo dos argumentos: uno, que se habían utilizado testigos indios, y dos, que el protector no podía dictar sentencia. No sabemos la resolución de la apelación pero, lo cierto es que Rodrigo Núñez, aunque perdió la encomienda de Guaçama, obtuvo otras en los años posteriores. Queda claro que los delitos del extremeño, tratando como esclavos a vasallos castellanos, quedaron prácticamente impunes

        En 1539 el trujillano Francisco de Chávez fue enviado por el cabildo de Lima a castigar a los indios de Conchucos que estaban alzados. Una vez en el lugar se le ocurrió una brillante idea, la solución definitiva para pacificarlos. Decidió prender a todos los niños que pudo, en total 600, y los mató. Como lo hizo en nombre de Dios, por pacificar y cristianizar la tierra no parece que dicho acto de barbarie tuviese consecuencias penales. Lo único que nos consta es una Real Cédula del 25 de diciembre de 1551 por la que el Emperador compelió a sus herederos a sufragar, de las rentas de su encomienda, una escuela donde se les diese manutención e instrucción a un centenar de indios.

Hacia 1540, el ubetense Jorge Robledo recorrió un largo trecho entre Perú y Cartagena de Indias, cautivando cientos de personas y robando en cuantos pueblos de indios encontró a su paso. Una verdadera columna de la muerte, apropiándonos del título que Francisco Espinosa dio a la columna Madrid de 1936. En el juicio se demostró lo siguiente:

 

        "Que siendo indios de paz tomó mucho oro y piedras y otras joyas y les tomó el maíz y mantenimiento que tenían para mantenerse a sí y a sus hijos y mujeres, sin le dar rescate ni equivalencia por ello".

 

Llevó asimismo cientos de porteadores en colleras, precisamente para transportar el producto de su pillaje. Para asegurarse su protección frente a los naturales llevó consigo una jauría de mastines, entrenados para despedazar nativos. Sus hagiógrafos minimizan sus actos, diciendo que los usó sólo en contadas ocasiones. Lo cierto es que su forma de proceder fue tan flagrante, descarada y cruel que las autoridades se vieron obligadas a procesarle por ello. Tras estar preso en Cartagena de Indias, fue deportado a España donde pasó algún tiempo recluido en una posada de la Corte.

        Finalmente, en Valladolid, el 5 de noviembre de 1543 el Consejo dictó una sentencia definitiva e inapelable: el alto tribunal lo consideró culpable de todos los cargos que se le imputaban. Por ello, le condenó al pago de 200 pesos de oro para la obra de la iglesia de la ciudad de Antioquia, más las costas del juicio. ¿Y esa fue toda la condena por tan larga cadena de agravios? Pues sí, ese era el escaso precio que había que pagar por esclavizar, robar y asesinar indios.

        Fue rehabilitado por la Corona quien lo nombró mariscal y además le concedió un escudo de armas en agradecimiento por los servicios prestados en las Indias durante más de 16 años. A fin de cuentas, su único delito había sido agredir, robar, esclavizar y matar a un puñado de indios. Jorge Robledo, tan inquieto como otros muchos conquistadores, decidió regresar a Cartagena de Indias. En 1545 se embarcó, en compañía de su esposa María de Carvajal, con destino a Cartagena de Indias. Allí desempeñó el cargo de teniente de gobernador, pero las fricciones con Sebastián de Belalcázar, gobernador de Popayán, fueron continuas. En una entrada de Francisco Hernández Girón, entonces al servicio de Belalcázar, fue prendido y poco después ejecutado. Era el 5 de octubre de 1546. Como otros muchos conquistadores, vivió siempre en el filo de la navaja y, como ellos, tuvo un final trágico.

También fue encausado y juzgado el sanguinario conquistador pacense Hernán Sánchez de Badajoz. Se trataba de un personaje de la élite, avecindado en la ciudad de Panamá, pero que como tantos otros tenía gran prisa por hacerse rico. En una incursión en Costa Rica quemó en la hoguera a una india y a varios caciques para que confesasen dónde escondían el oro. Con tantos tormentos consiguió sacar a los desdichados aborígenes cierto oro por un valor de entre 20.000 y 30.000 castellanos. No contento con lo obtenido, se llevó encadenados a varias decenas de hombres del cacique Quaça. Y todo ello a pesar de que fueron recibidos en todo momento pacíficamente. Algún funcionario diligente decidió procesarlo, siendo finalmente condenado por una sentencia dictada en Valladolid el 23 de junio de 1558. La condena fue bastante cuantiosa, 600 ducados por lo que el pacense debió rascarse el bolsillo. Era un avance teniendo en cuenta los cientos de casos similares que quedaron totalmente impunes. En su testamento no tuvo remordimiento alguno por las canalladas que perpetró a lo largo de su vida. Se consideraba cristiano y temeroso de Dios, reconociendo tan sólo una pequeña deuda pendiente de 50 pesos con un vecino de Talavera la Real, llamado Asensio. Sería cristiano y muy creyente, no lo dudo; pero ni pensó en el juicio de la Historia ni menos aún en el juicio de Dios.

        El conquistador granadino Hernán Pérez de Quesada fue otro de los grandes sanguinarios que anduvo por Nueva Granada matando, esclavizando y robando a toda persona que no tuviese pinta de europeo. En 1541 la justicia decidió emprender acciones legales contra él, y anduvo varios años de juicios, antes de ser apelado al Consejo de Indias. Jamás compareció ante él, porque, estando en el Cabo de la Vela en 1544 el azar quiso que muriera víctima de un rayo. Algunos indios lo interpretaron como un castigo divino, pero no del Dios cristiano, sino de sus viejos dioses prehispánicos, en el último suspiro, antes de desaparecer para siempre.

        Por fortuna tampoco quedó sin castigo Francisco de Montejo, que cometió atrocidades inenarrables en la península del Yucatán. Nunca fue capaz de distinguir a unas personas de otras. Todos los yucatecos, ya fuesen de guerra o de paz, ya fuesen niños o ancianos, eran susceptibles de ser esclavizados y puestos al servicio de los vencedores. Y a diferencia de otros, nunca dijo que lo hacía por servir al Rey y a Dios, sino que reconoció que si fin era exclusivamente lucrativo. Y el problema era que en Yucatán no había metales preciosos por lo que la única forma de lucrarse era sometiendo al indio a esclavitud o a servidumbre. Finalmente fue procesado y condenado a la pérdida de sus cargos y de sus encomiendas. Apeló la sentencia al Consejo de Indias que sin embargo ratificó los delitos, muriendo pobre y olvidado en Sevilla hacia 1553.

        A mediados del siglo XVI un abulense llamado Melchor Verdugo y Olivares se paseó por los pueblos del antiguo incario acompañado de un perro, tristemente famoso, llamado El Bobo. Ni corto ni perezoso les pedía oro a los curacas bajo la amenaza de azuzarles a su can. Pese a ello, el curaca de Bambamarca se negó a darle su fortuna, muriendo despedazado en cuestión de minutos. Al final, fue procesado por la justicia ordinaria pero se apeló el proceso al Consejo de Indias. Desconocemos la sentencia del mismo, pero como de costumbre se debió limitar a alguna pena pecuniaria, nada comparable a las atrocidades que cometió.

         En 1562 se desarrolló otro proceso en la audiencia de Lima, en este caso contra Hernán Vela y su esposa Ana Gutiérrez. Se les acusó de proporcionar malos tratos a los indios de su encomienda, situada en el pueblo de Aullagas, haciéndoles pagar unos tributos excesivos. Los cargos fueron probados por lo que fueron condenados a pagar la nada despreciable cifra de 65.000 pesos de oro. Para sufragarlos se vieron obligados a vender la villa de Siete Iglesias que era de su propiedad. Realmente, sorprende la alta cuantía impuesta en este caso, máxime cuando simplemente se trataba de un exceso de tributación, delito generalizado en el siglo XVI y por el que muy pocos fueron condenados.

         En 1579 Luis de Carvajal obtuvo capitulaciones para conquistar el territorio del Nuevo Reino de León, en la demarcación virreinal de Nueva España. Las razias que cometió, robando, matando y esclavizando a miles de seres humanos fueron de tal magnitud que su fama llegó a todos los confines del virreinato. ¡Una década después!, decidieron procesarlo. Pero, con buen criterio, los oidores, pensando que los crímenes en tiempos de conquista difícilmente podrían probarse, decidieron traspasar el caso al Santo Tribunal de la Inquisición, alegando que algunos miembros de su hueste habían practicado el judaísmo, con su consentimiento. Él siempre dijo que las acusaciones fueron mera fabulación de los muchos enemigos que se granjeó, y probablemente tenía razón. Lo cierto es que por matar indios difícilmente hubiese sido condenado, pero otra cosa era su supuesto coqueteo con el judaísmo que chocaba directamente con las intenciones casticistas del imperio Habsburgo. Culpable o no lo cierto es que dio resultado y la sentencia, dictada en 1590, lo castigó a seis años de destierro de las Indias. Nunca llegó a cumplirla porque falleció en 1591, aunque al menos lo hizo en prisión como merecía. Por fin, un psicópata intransigente purgó sus culpas en la cárcel, muriendo con la mayor deshonra. Por esta vez, el Santo Tribunal, que a tantos inocentes condenó, dio su merecido a un verdadero criminal de guerra.

         Hubo varias decenas de condenas más, pero de muy pequeña cuantía. Visitadores que procesaron a encomenderos por abusar de sus indios, por pedirles más tributos de la cuenta o por forzarlos a comprarles artículos que no necesitaban. Concretamente, el doctor Diego García de Palacio, tras una visita por las encomiendas de Yucatán en 1583, condenó a varios encomenderos a distintas penas pecuniarias, concretamente a Alonso Díaz y a Diego López de Recalde. Se trata sólo de una muestra de la labor realizada por muchos de estos visitadores que con su buen hacer contribuyeron a dignificar a medio o largo plazo la vida de los aborígenes. En ocasiones la justicia funcionaba.

 

PARA SABER MÁS

MIRA CABALLOS, Esteban: Conquista y destrucción de las Indias. Sevilla, Muñoz Moya Editor, 2009.

 

ESTEBAN MIRA CABALLOS

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