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          Desde los primeros años de la Colonización la Corona se preocupó por el control de la emigración a las Indias con vistas, por un lado, a reservarse para sí el monopolio de las riquezas del Nuevo Mundo, y, por el otro, a impedir la entrada de judeoconversos y personas de dudosa moral que diesen mal ejemplo a los indígenas. El cumplimiento y ejecución de tales leyes se controló desde un principio por la Casa de la Contratación de Sevilla, institución que desde 1509 recibió la orden de registrar a todos los pasajeros que se embarcaban para las Indias, limitando el tráfico a una serie de grupos de excluidos como los extranjeros, los herejes y los no católicos. Sin embargo, esta legislación prohibitiva no fue suficiente para evitar que los jurídicamente apartados pasasen a las Indias sin excesivas dificultades, como lo demuestran las altas cotas de emigración ilícita.

           En relación a los judeoconversos las prohibiciones se repitieron en numerosas ocasiones: 1501, 1509, 1514, 1518, 1526, 1534, 1539, etc. Tan sólo hubo una excepción que duró legalmente entre 1511 y 1513 en la que se les autorizó a permanecer en América un máximo de dos años. Sin embargo, pese a la legislación prohibitiva pasaron muchos judeoconversos a las Antillas en las primeras décadas de la colonización. Así, en 1517 los Jerónimos en una carta dirigida al Cardenal Cisneros le informaron de lo numerosos que eran los herejes y conversos que allí habían llegado "huyendo de la inquisición". Incluso en 1526, en un juicio sobre unos conversos que habían ejercido oficios públicos, se declaró que había otros muchos en la Española que usaban los oficios públicos y reales.

           Evidentemente, queda claro que pese a las prohibiciones legales hubo una emigración constante de judeoconversos y perseguidos por la Santa Inquisición que no encontraban ningún tipo de problemas para embarcarse rumbo a las Indias. En este sentido, conocemos el caso, sumamente representativo, de un judeoconverso, llamado Alonso Rubuelo, vecino de Santa Olalla (Huelva) y natural de Casas Rubias que fue procesado en Castilla del Oro hacia 1529. Los testigos, presentados en un juicio que se le hizo, afirmaron que su padre fue judío "y se tornó cristiano y después fue reconciliado por la Santa Inquisición y murió con Sambenito". Alonso Rubuelo, siendo mayordomo del Señor de Santa Olalla, don Esteban de Guzmán, se fugó con cierta suma de maravedís a Sevilla donde, sin ningún tipo de problemas, pudo embarcarse para las Indias, viviendo largos años en Panamá y disfrutando, incluso, de una encomienda de indios.

           Por lo demás, todo parece indicar que las ideas reformistas tuvieron muy poco eco en la América Hispana en estos primeros años de la colonización. Evidentemente la Corona puso un especial empeño para que los nuevos territorios no fuesen "contaminados" con unas ideas que hubiesen tenido desde luego importantes consecuencias políticas. Pero no se desconocían las ideas luteranas. En 1545, cuando aún vivía Martín Lutero, escribió Fernando de Lepe a Su Majestad, indicándole que las autoridades de San Juan no acataron una Real Provisión sobre la utilización común de las aguas, los pastos y los montes en la isla porque "la dicha Provisión Real era luterana, porque una de las opiniones de Lutero era que los bienes fuesen comunes". Queda claro, pues, que en América no se desconoció la problemática político-religiosa suscitada desde principios del Quinientos en Europa.

 

LOS PRIMEROS INQUISIDORES

           Desde muy temprano comenzaron a aparecer en las Antillas voces a favor de la introducción de la Inquisición, habida cuenta de la presencia de numerosos conversos en las Indias y de la relajación moral que se vivió en estos territorios. No debemos de olvidar que, como muy bien ha escrito Bartolomé Bennassar, la Inquisición no fue un simple instrumento de tortura sino "un prodigioso instrumento de poder político y control social al servicio del Estado centralista...". Desde el mismo instante en que los dominios españoles comenzaron a extenderse las autoridades se concienciaron de la necesidad de implantar la Inquisición para de esta forma mantener al otro lado del océano la pureza de la región católica. Era, pues, sólo cuestión de tiempo que la institución llegase al Nuevo Mundo.

            Parece ser que ya el primer Obispo de Santo Domingo, Francisco García de Padilla, y el de Concepción de la Vega, Pedro Suárez de Deza, recibieron poderes del Inquisidor General Jiménez de Cisneros para que fuesen inquisidores en sus respectivas jurisdicciones. Obviamente estos prelados no llegaron a ejercer el oficio ya que ni tan siquiera fueron a residir a sus respectivos Obispados. Sin embargo, todo parece indicar que en su lugar ejercieron estas funciones los respectivos cabildos catedralicios. Pero hacía falta quién coordinase la institución en toda la isla de ahí que, en 1516, manifestase el padre Las Casas al Cardenal Cisneros la necesidad que había en las Indias de un Inquisidor General, pues, se habían quemado dos apóstatas y había al menos 14 implicados más en casos de herejía. Poco después, es decir, en 1517, fueron los propios Jerónimos quienes señalaron la necesidad que había de "ministros de la Inquisición" por los "muchos herejes que han pasado y pasan". En un primer momento tal petición no fue escuchada pues se respondió que "de momento" no se debían enviar. Sin embargo, esta postura inicial fue reconsiderada en breve tiempo, dando poder el Cardenal Cisneros a los Jerónimos, para que "como inquisidores procediesen contra los herejes y apóstatas que hubiese".

           Debido a los abusos de los inquisidores de los cabildos catedralicios en 1519 se decidió, por fin, el nombramiento de dos Inquisidores Generales: el dominico fray Pedro de Córdoba y el Obispo de Puerto Rico, Alonso Manso. Sin embargo, el padre Córdoba apenas si llegó a intervenir como inquisidor dada, por un lado, su prematura muerte por tuberculosis el 4 de mayo de 1521, y, por el otro, su carácter tolerante y en cierta medida contrario al espíritu rígido de la Inquisición. Por ello, como Inquisidor General quedó en solitario el Obispo Manso quien sí que hizo uso de su poder desde su llegada a Puerto Rico, en 1521, hasta su fallecimiento ocurrido, como es bien sabido, el 27 de septiembre de 1539. No en vano, en un proceso sobre Juan Fernández de las Varas, apelado posteriormente al Inquisidor General en Castilla, el Cardenal Tortosa, tan sólo se menciona al Obispo Manso como Inquisidor General "de estas islas".

           Ahora bien, los inquisidores de estas islas, y en última instancia el propio fray Alonso Manso, dependieron en todo momento del Inquisidor General del Arzobispado de Sevilla. En este sentido, conocemos múltiples referencias documentales y amenazas con llevar a los condenados al castillo de Triana, donde se encerraban los presos de la Inquisición del Arzobispado sevillano. Incluso, hubo algunos envíos a Sevilla, como el de Juan de Villasante, quien, tras estar algún tiempo apresado en Puerto Rico, vino por él "un nuncio de los señores inquisidores de Sevilla" y se lo llevaron al Castillo de Triana. Asimismo detectamos envíos de ciertas cantidades de oro desde la isla de San Juan consignados al receptor de la Inquisición de Sevilla no sabemos por qué concepto aunque desde luego demuestran una relación fluida con el inquisidor de Sevilla. Evidentemente este vínculo debía estar relacionado con el carácter "metropolitano" del Arzobispado de Sevilla del que dependían, como es bien sabido, los primeros obispos de las Indias y a donde se apelaban en última instancia todos los pleitos tanto ordinarios como de inquisición.

           Así, pues, en Puerto Rico centralizó fray Alonso Manso la sede principal de la Inquisición no sólo en las Antillas Mayores sino también en las Menores y en la Costa de las Perlas. En la ciudad de Puerto Rico se estableció la máxima autoridad inquisitorial de estos extensos territorios caribeños. Fue precisamente en esta isla donde esta institución eclesiástica se hizo valer de forma más virulenta, afectando incluso a altos cargos de la isla. Conocemos numerosos casos generados en esta isla que afectaron a altos funcionarios reales, como, por ejemplo, al licenciado Sancho Velázquez, que había sido juez de residencia y repartidor de indios en San Juan, o a Blas de Villasante, tesorero de la misma isla. Incluso, conocemos el suceso ocurrido con un vecino de Puerto Rico, llamado Francisco de Morán, que fue prendido por la Santa Inquisición y estando en la cárcel pública "se desesperó y se ahorcó". El obispo Manso utilizó desde 1532 la casa del tesorero como cárcel para casos eclesiásticos, independiente, por supuesto, de la cárcel pública. En las demás islas ejercieron el cargo de inquisidores los distintos Obispos de cada una de ellas, aunque siempre bajo el nombramiento expreso de fray Alonso Manso.

           En el caso de la Española parece ser que tras la muerte de fray Pedro de Córdoba el poder de la Inquisición pasó al Obispo Geraldini sin que tengamos por lo demás noticias de su actuación al frente de esta institución. Por lo demás, sabemos que en 1533 ostentaba el oficio de inquisidor en la Española el Obispo de Santo Domingo y Concepción de la Vega, aunque actuaba prácticamente como mero delegado de Alonso Manso. Así, en este año, el Obispo Manso recriminó al Obispo de Cuba el hecho de haber descomulgado al oidor Vadillo "en ciertas cosas so color que son de inquisición y estando el dicho licenciado fuera de vuestro Obispado...". En estas palabras se refleja la extralimitación del Obispo de Cuba al juzgar a un vecino de la Española que sin duda debía estar sujeto, en primera instancia, al Obispo de esta isla y, en segunda instancia, al Inquisidor General don Alonso Manso. En el mismo documento Manso dio poder a "cualquier clérigo presbítero de Santo Domingo" para que pudiese absolver a Vadillo, lo que vuelve a demostrar que el Obispo de Puerto Rico tenía poder supremo en el área caribeña en todo lo referente a las cuestiones inquisitoriales.

           En Cuba el primer inquisidor fue el Obispo fray Miguel Ramírez el cual usó y abusó del dicho cargo en su beneficio personal. Fray Miguel Ramírez concentró un enorme poder ya que acumuló los cargos de Obispo, inquisidor y repartidor de indios -este último puesto compartido con el gobernador Gonzalo de Guzmán-. Sabemos que el Obispo de Cuba procesó a numerosos herejes, quemando en la hoguera a algunos de ellos. Su independencia y rigidez lo hizo enfrentarse no sólo con algunos oficiales y otras personas influyentes de la isla sino incluso con el propio Obispo Manso quien, como ya hemos mencionado, lo llegó a amenazar de excomunión si no se desentendía de una causa que llevaba contra el oidor Vadillo. Poco después, se expidió una Real Cédula en la que se nombraba a Pedro de Adrada, bachiller en artes y en teología, por "provisor fiscal o vicario general de la isla de Cuba", dándole poder para reprimir casos de inquisición. Concretamente se le daba poder "para castigar cualquier delito en personas civiles o eclesiásticas y absolver descomulgados mayores y menores y podáis imponer penitencias públicas..."

           En 1537 ejercía el cargo de inquisidor de Cuba el deán de la Catedral de Santiago, quien mandó prender al tesorero Lope Hurtado. Sin embargo, a la llegada, en 1538, del nuevo Obispo, Diego Sarmiento, éste asumió el cargo de inquisidor de la isla, oficio que usó tan enérgicamente que, tanto el Cardenal de Toledo como el propio Carlos V, tuvieron que pedirle moderación.

          Concretamente, sabemos que en la capital de la isla de Cubagua, Nueva Cádiz, tenía situado un vicario suyo "con poder de inquisidor". Allí, se había organizado la institución con los cargos de alguacil, fiscal y demás familiares de la inquisición.

 

LA OPOSICIÓN A LA INSTITUCIÓN

           La implantación de la Inquisición en las Antillas se llevó a cabo en medio de una fuerte oposición por parte de las élites que veían mermado su poder. La resistencia fue incluso más generalizada que en la propia Castilla donde, como es sabido la institución contó con un apoyo de la mayoría de la población. Además estuvo dirigida por un amplio sector de las élites antillanas entre los que se encontraban muchos de los oficiales reales.

           América se había convertido en una tierra de libertad a donde huyeron incluso muchos perseguidos por la Santa Inquisición castellana. De hecho ya hemos comentado en páginas anteriores la presencia en las Indias de conversos y de perseguidos por la Inquisición desde los primeros años.

           Las quejas contra los inquisidores comenzaron al poco tiempo de su implantación, pues, ya en 1526, algunos pobladores pidieron al Rey que esta institución se encomendara a la Orden de Santo Domingo o de San Francisco para evitar así sin las tan temidas "pasiones". Otra de las reivindicaciones más frecuentes de los colonos fue que los inquisidores fuesen personas doctas, como ocurría en Castilla, pues, sólo de esa forma se evitarían las parcialidades y el abuso de poder. Esta petición fue reiterada, en 1536 cuando los oidores de la Española pidieron que "en adelante los inquisidores sean letrados y en quien concurriesen las demás cualidades que se requerían para tan santo oficio porque lo demás es usar cada uno de sus pasiones...

           Las críticas contra el obispo de Cuba fray Miguel Ramírez fueron muy importantes, participando en ellas casi todos los cargos reales, con la única excepción del gobernador, y muchos antiguos pobladores. Así, en una información hecha por el alcalde mayor de la isla se le acusó de tomar por causa de inquisición causas que no lo eran como los escándalos públicos y de estar despoblando la isla. Concretamente el tesorero Lope Hurtado declaró que había "visto a muchos vecinos irse porque estaban atemorizados por la Inquisición" y que era una de las causas de la despoblación que estaba padeciendo la isla en esos años.

           Pese a todo, la mayor oposición se centró en la isla de San Juan donde se encontraba la sede de la inquisición antillana. Las críticas fueron tan rotundas desde 1527 por parte de los cabildantes de Puerto Rico y otros vecinos que tuvo que ser contundente en primer lugar el propio Obispo Manso y poco después la Corona. Así el 6 de enero de 1528 el Obispo de San Juan expidió una carta a "sus ovejas" sobre la inquisición amenazando de excomunión a todos los que atacasen "el dicho Santo Oficio y el ejercicio de él como contra el inquisidor y oficiales y ministros de él..." Unos peses después tuvo que intervenir el propio Carlos V, advirtiendo a los vecinos que en realidad las palabras e intenciones del inquisidor eran "buenas y justas" y que por tanto debían buscar una conciliación con él. Incluso la Audiencia de Santo Domingo se enfrentó con el Obispo Manso, especialmente, a partir de 1536 cuando la Audiencia envió al Doctor Blázquez pos juez de residencia de la isla de San Juan y fue prendido por el Obispo.

           Pero la Corona mostró la firme decisión de defender a capa y espada la perniciosa institución, muy a pesar de los numerosos memoriales que recibió de los nuevos colonos quejándose de dicha institución. Estaba clara el enorme fruto que esta institución estaban dando en Castilla como "instrumento de poder político y control social" como para privarse de sus beneficios en el Nuevo Mundo.

 

CASOS JUZGADOS POR EL “SANTO” TRIBUNAL

           Los casos de los que se ocuparon los primeros inquisidores americanos fueron los relacionados con la fornicación, la usura y las proposiciones contra la iglesia y el dogma. Precisamente, los casos cursados por fornicación fueron, a diferencia de lo que ocurría en Castilla, muy frecuentes dada la generalización de las prácticas poligámicas en las nuevas tierras descubiertas. No en vano, en todos los juicios de residencia se solía preguntar si los enjuiciados vivían amanceba- dos y si estos delitos eran suficientemente castigados. Sin embargo, también es cierto que se hizo la "vista gorda" en muchos de estos casos dado que a veces eran los propios gobernadores y los altas autoridades indianas las que practicaban el amancebamiento. Concretamente en el juicio de residencia tomado al gobernador de la isla de San Juan, Sancho Velázquez, el testigo Sancho de Arango respondió que no se castigaba a los que estaban amancebados, pues, el propio Sancho Velázquez vivía con tres indias "y se echaba con todas tres". Pese a todo, poco después el licenciado Sancho Velázquez fue prendido por causa de inquisición, muriendo en la cárcel pública.

           También fueron frecuentes los procesos por deudas y sobre todo por relajación en el cumplimiento de los dogmas cristianos. Así, por ejemplo en 1532 fueron "prendidos y descabellados" por caso de Inquisición por el Obispo de Cuba un clérigo y a un fraile, al parecer por no usar bien de sus respectivas condiciones de religiosos.

           El juicio por inquisición significaba la pérdida del oficio y la expropiación de sus bienes. Las instrucciones para los inquisidores españoles eran muy claras cuando afirmaban "que los hijos y nietos de los tales condenados no tengan ni usen oficios públicos, ni oficios, ni horas, ni sean promovidos a sagradas ordenes..." Los casos sobre la pérdida de oficios en las Antillas son múltiples. Entre ellos citaremos, por ejemplo, el caso de los hermanos Juan y Blas de Villasante, el primero, veedor y regidor de Puerto Rico, y, el segundo, tesorero y regidor de la misma ciudad, quien al descubrirse que era nieto de "quemado y condenado por la Santa Inquisición", se les confiscaron todos sus bienes y se les quitó su oficio a la espera de una investigación en su lugra de origen para confirmar si eran ciertas las sospechas. Por supuesto, en caso de ser encomenderos también implicaba la pérdida de su encomienda, pues, no se consideraban hábiles para cumplir esa educación que se le debía dar al indio como contrapartida por su trabajo. Concretamente, en la década de los veinte y referido a Tierra Firme y Santa Marta el Bachiller Enciso pidió a Su majestad que ningún sentenciado por la Inquisición tuviesen indios "y los que están dados los mande quitar..." Igualmente, hacia 1529, Alonso Rubuelo, que fue encomendero en Panamá, perdió su encomienda al averiguarse que era hijo de un judío que murió con "sambenito".

           A veces, habida cuenta de que las deudas se suspendían cuando era acusada una persona de delito de inquisición, eran los propios deudores quienes denunciaban un supuesto caso de herejía a los responsables de la iglesia. Así, por ejemplo, los deudores del tesorero de la isla de Cuba Lope Hurtado se negaron a satisfacer sus deudas alegando que éste fue acusado por la Inquisición. Por una Real Cédula se ordenó que se lo abonasen, pues, tras el litigio fue declarado inocente por el Santo Tribunal.

           Era frecuente, al igual que ocurría en Castilla, que todos los presos en las cárceles de la Inquisición saliesen los domingos y fiestas para acudir a misa. En cuanto a los indios se ha dicho que desde un primer momento no estuvieron sujetos a los inquisidores sino sencilla- mente a los tribunales eclesiásticos ordinarios. Sin embargo, la primera vez que se ordenó expresamente que los inquisidores no procediesen contra los aborígenes fue en una Real Cédula expedida por Felipe II en 1575 y recogida en la Recopilación de Leyes de Indias. Evidentemente la tardía fecha de la mencionada Real Cédula nos está indicando que de forma más o menos frecuente las primeras autoridades religiosas y después los inquisidores debieron proceder contra los aborígenes. En cualquier caso, la autoridad eclesiástica ordinaria actuó de la misma forma que la inquisición, siguiéndose autos y procesos y causas semejantes.

           Así, sabemos que desde los primeros tiempos de la colonización se actuó contra ellos como si fueran herejes no sólo en las Antillas sino también en otras regiones de América. Ya en la Española, poco después de la llegada de los españoles, unos indios del cacique Guarionex se apoderaron de unas imágenes de santos y las enterraron, siendo castigados los indios con la hoguera. Sin embargo, estos actos más que un rechazo a los santos católicos implicaban una "forma de adopción de los espíritus de los cristianos por los indios a su sistema religioso". Posteriormente, durante el gobierno del adelantado Bartolomé Colón sabemos que, precedidos de breves procesos informales, fueron condenados a la hoguera numerosos indios acusados de sacrilegio. Igualmente, durante el gobierno de frey Nicolás de Ovando en la Española se castigó la poligamia y los incestos de los indígenas con el mismo castigo ya citado de la hoguera, pues, según parece, decretó que el indio "que dormía con dos hermanas lo habían de quemar". Pese a todo no hemos podido documentar casos concretos en los que efectivamente se hubiesen juzgado y condenado a los indios por estos delitos.

           Por otro lado, fueron castigados duramente los naturales que los españoles llamaban "hechiceros". Así, por ejemplo, en el juicio de residencia tomado a Alonso de Zuazo, en la Española, en 1518, los testigos declararon que un indio hechicero estuvo bastante tiempo en la cárcel de la iglesia y que otros habían sido ahorcados en el camino de la villa de Buenaventura. En Puerto Rico conocemos el proceso que se hizo en tiempos de Sancho Velázquez a dos indias hechiceras, "a una por la que abogaron la sacaron a la vergüenza y la desterraron y a la otra la sacaron a la vergüenza con una carroza y la tuvieron en la picota cierto tiempo y la desterraron..."

           Como ya hemos afirmado, estos casos citados nos están indicando que realmente algunos indios fueron condenados y ajusticiados por causas frecuentemente competentes a la Inquisición, independientemente de que los ejecutantes fuesen o no inquisidores. Pese a todo, está meridianamente claro que los actos de los pobres naturales no constituían un ataque contra la religión católica sino tan sólo una inocente prolongación de las costumbres que habían practicado durante siglos. Por ello, pudo afirmar un testigo en la pesquisa secreta del juicio de residencia de Alonso de Zuazo "que si algunos pecados cometen (se refieren a los indios) es más por ignorancia que por malicia y que tienen tanto miedo que confiesan cosas que no han hecho".

 

ESTEBAN MIRA CABALLOS

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